La protección de los bosques y las acciones forestales restaurativas no son prioridad para el gobierno venezolano

Un documento del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), develó que el país comparte junto a Bolivia, Panamá, Paraguay y Uruguay, el grupo de estados en los que los marcos legales existentes, tienden a ser incompletos y carecen de mecanismos de incentivos significativos.


En América Latina existen oportunidades y desafíos para la gobernanza de la restauración del paisaje forestal, así lo constató el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), que elaboró un documento cuyos resultados ubican a Venezuela en los últimos lugares es materia de compromisos para recuperar las áreas degradadas.

Aunque existen ciertas generalidades en los marcos legales que regulan la protección de los bosques y las actividades forestales restaurativas en la región, según detalla el texto, resalta una gran heterogeneidad y CIFOR organizó a los países en tres grupos, de acuerdo a similitudes en relación a la legislación.

En el primer conjunto se encuentran Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y México, debido a que poseen una mayor diversidad de marcos legales, iniciativas de coordinación intersectorial, incentivos financieros, descentralización y coordinación. Este grupo de países se ha comprometido ante la Iniciativa 20×20 con la restauración de importantes extensiones de su territorio y presentan políticas o planes de restauración y/o recuperación de la vegetación nativa.

Tareas pendientes

El segundo grupo lo conforman Argentina, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú, con marcos legales en desarrollo, pero con deficiencias en los mecanismos que apoyan la implementación. En el tercer escalafón, aparecen Bolivia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, donde la protección de los bosques y las acciones forestales restaurativas no parecen ser una prioridad actual de los gobiernos; los marcos legales existentes tienden a ser incompletos y carecen de mecanismos de incentivos significativos.

Estos países han promovido, en mayor o menor grado, las plantaciones comerciales, pero la restauración forestal, si bien se contempla dentro de los planes de desarrollo, no se considera como una prioridad de las actuales administraciones. El grupo de los cinco, cuenta con leyes de gestión forestal y ambiental con enfoques tradicionales (explotación maderera, protección y mitigación), sin embargo, los marcos legales analizados no están reglamentados, carecen de incentivos sólidos para su implementación o son ambiguos en muchos casos.

En el caso venezolano, existe un marco legal para el sector forestal y ambiental, pero carece de planes o programas de restauración. En el pasado, existieron marcos legales que promovieron las plantaciones comerciales, pero en la actualidad se apoyan muy pocas acciones forestales restaurativas, en especial de carácter ambiental. En Venezuela, la Ley de Bosques data de 2013, pero aún usa el reglamento de la ley anterior, que se remonta a 1966. Solo entre 2001 y 2011, se destruyeron 2,8 millones de hectáreas de bosques naturales en el territorio venezolano, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de acuerdo al Ministerio para el Ambiente, se reforestaron 40 mil hectáreas a través de la Misión Árbol entre 2006 y 2013, que equivalen a dos por ciento de los dos millones de hectáreas perdidas en el mismo período por el avance de la deforestación.

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